La Ley 29719, llamada “antibullying”, debió reglamentarse en agosto, dicho retraso se mantiene en paralelo a lamentables casos sobre acosos y muertes en las aulas escolares. La norma establece que debe designarse un psicólogo para cada colegio, pero esto no se puede hacer realidad. ¿La razón?: no hay suficientes psicólogos colegiados ni presupuesto, según explicó el viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vegas.
Pero aparte de reconocer el problema, el viceministro también anunció medidas inmediatas como el lanzamiento de una campaña nacional. Además explica el porqué del retraso de la reglamentación de la ley, por tener algunos aspectos “imposibles de cumplir”.
La medida incluye una campaña a nivel nacional que llegará a 1,400 colegios con secundaria, donde se entregarán materiales educativos como guías para afrontar el problema. Sobre el retraso, el viceministro Vegas sostiene que la reglamentación tomará 30 días más, porque no desean hacer un “reglamento que después será imposible de cumplir”, para ello desean incorporar a entidades de la sociedad civil como el Colegio de Psicólogos, asociaciones de colegios y especialistas en el tema para que sea un reglamento lo más “aterrizado” posible.
El tema de la falta de psicólogos en cada colegio se debe a que no hay suficientes profesionales colegiados ni existe el presupuesto necesario. Por el momento, la prioridad del ministerio son nuevas plazas para la educación inicial y rural, en las que hay un déficit de profesores. “Tal vez no ha habido una información clara en el Congreso al momento de hacer la ley. Se ha planteado una meta imposible de cumplir”, enfatiza Vegas.
En la Ley 29719, Indecopi debe hacer investigaciones e incluso aplicar sanciones, pero el viceministro asevera que no está en la naturaleza de Indecopi hacer un trabajo ni de tipo policial ni preventivo, ante ello, asevera: “no queremos detener el reglamento, pero plantearemos, si es necesario, cambios a la ley. El problema es que la norma tiene carácter sancionador. Es una ley más punitiva que preventiva”.
Pero mientras el gobierno busca solucionar la reglamentación, los acosos continúan, y por ley el padre de familia debe ir a presentar su queja en la UGEL correspondiente. Ante esto, el viceministro Vegas sostiene que la UGEL se encarga más de la parte administrativa como el pago de planillas. Es cierto que tienen especialistas pedagógicos, pero no se dan abasto, pues tienen como 200 expedientes por resolver, “En este momento hay varias instancias a las que se puede acudir, aunque eso confunde al padre de familia. Estamos diseñando un mecanismo de emergencia”, acotó.
Para el viceministro Vegas la norma fue elaborada, en su origen, por personas que tienen experiencia en el “bullying”. Pero que como ya se iba a acabar la legislatura, en los momentos finales hubo disposiciones que no revistieron un buen sustento técnico incluso los promotores de la ley dicen que al final el Congreso corrió para aprobarla y que ellos no fueron consultados.
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